abril 27, 2020 Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana
El pasado 1 de abril, el Ministerio de Seguridad Pública, mediante disposición administrativa 1329-2020 DM, emitió una directriz suspendiendo la atención al público, gestión de algunos trámites y autorizando una prórroga de permisos de portación por tres meses.
La justificación es muy entendible por la alerta sanitaria y las medidas tomadas por el Gobierno y Ministerio de Salud. El Ministerio de Seguridad Pública apunta en la directriz “por la relación de usuario y funcionario público donde es “numerosa, continua y permanente, cercada y expuesta, por lo que se considera que una medida de contingencia lógica, racional de sentido común en aras de resguardar el interés público de la labor de la Dirección General de Armamento, es suspender temporalmente el servicio que presta al público hasta que pase la emergencia nacional, por las evidentes razones de urgencia y para evitar daños graves a las personas”
Pese a lo anterior, es en extremo preocupante que el Ministerio de Seguridad se aproveche de un ardid sanitario para restringir aún más la posibilidad legal de acceso a medios de legítima defensa por parte de la ciudadanía responsable. Es lamentable tener que recordarles a los jerarcas y asesores del Ministerio de Seguridad Pública que la situación extraordinaria actual pone en evidencia las amplias debilidades que fueron advertidas por nuestra Asociación durante la discusión de la pasada reforma a la ley de armas y explosivos, y las cuales fueron ignoradas por los jerarcas. Mencionamos tan solo un par de aspectos que nos preocupan de la situación actual:
Controlpas: Una plataforma que podría ser una ventaja estratégica para el Ministerio de Seguridad Pública en medio de la era de la digitalización, se convierte en un traspié para el usuario y una solución tecnológica obsoleta y pobre. Las acciones recientes del Ministerio demuestran que el afán de la “automatización” se hizo solamente con el propósito de elevar el costo y dificultad de entrada a la legalidad de las armas de fuego permitidas en el país. Los trámites, a final de cuenta, se siguen procesando “a mano” y de forma personal en las mismas oficinas de Armas y Explosivos.
Trámites innecesarios: Teniendo una “plataforma” para hacer el proceso digital y remotamente, el Ministerio ha insistido en realizar inspección física periódica de las armas en proceso de registro y hasta de renovación de la matrícula (en contra de todo principio legal de propiedad privada). Esto, refuerza nuestro punto anterior: en lugar de facilitar el acceso a la legalidad de la tenencia de armas, el Ministerio del ramo hace lo indecible para complicar este proceso.
Prohibición administrativa: En un momento cuando la seguridad ciudadana se vuelve más crítica ante el aumento de los robos y asaltos impulsados por la falta de empleo y el incremento de la pobreza, en Armas y Explosivos esgrimen las habituales falacias y ponen en evidencia su completa inoperancia cerrando toda atención al público en lugar de regular el número de trámites diarios, y vigilar el aislamiento social, por solo citar un ejemplo de cómo otras instancias de gobierno están manteniendo su razón de ser y servicio al público. Nuevamente, las acciones del ministerio van encaminadas a reforzar prohibiciones administrativas de facto para la legalidad en la tenencia de armas permitidas en el país.
En resumen, el Ministerio de Seguridad Pública se aprovecha de la situación sanitaria para prohibir a los ciudadanos el acceso a herramientas para su defensa personal. Pareciera que no solo hay que cuidarse del COVID-19 sino también del Gobierno que restringe la posibilidad de defensa a los ciudadanos honestos.
Mientras tanto, queda en evidencia la porosidad de las fronteras por donde seguirán entrando armas, municiones y drogas, que sí abastecen a grupos criminales y que como se sabe no son observantes de la ley, o de los recientes asaltos a comercios por parte de delincuentes usando armas de dudosa procedencia.
Solicitamos muy respetuosamente al Ministerio de Seguridad que modifiquen esas medidas que solo afectan negativamente, una vez más, a los costarricenses que quieren defenderse legalmente por su propia cuenta. Decenas de otras instancias de gobierno mantienen la atención al público, tomando medidas mínimas necesarias y aprobadas por el ramo de salud.
Ante eventos extraordinarios es necesario la toma de medidas extraordinarias, y eso no es la excepción con a alerta sanitaria COVID-19. Lo que no se correcto es que dichas medidas se usen una vez más limitar de forma solapada la legítima defensa que tienen los ciudadanos honestos de este país, sólo con el fin de cumplir con la agenda ideológica de un Gobierno que no descansa en dichos esfuerzos.
fuente: https://www.elmundo.cr/opinion/el-covid-19-como-una-excusa-para-limitar-la-defensa-ciudadana/